La cantidad requerida al Consejo de Ministros del Ejecutivo central asciende a 5.955.480,31 euros, cifra que se corresponde con las 3.128 reclamaciones presentadas y asumidas
El Ayuntamiento de Valladolid presentará una reclamación de responsabilidad patrimonial solicitando al Gobierno de España una indemnización por los daños ocasionados por los distintos pronunciamientos judiciales que se han producido desde 2017, en relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía. Así lo acordó la Junta de Gobierno Local celebrada en el día de ayer, 25 de junio.
"Esta reclamación se presenta debido a la inactividad del Ejecutivo central, que no tomó ni ha tomado ninguna medida para evitar la cascada de sentencias y devoluciones que afecta a todos los consistorios españoles", ha señalado el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco.
La cantidad reclamada por el Ayuntamiento de Valladolid al Consejo de Ministros del Gobierno de España asciende a 5.955.480,31 euros, cifra que se corresponde con las 3.128 reclamaciones presentadas y asumidas.
A modo de ejemplo, en el año 2022 además de las cantidades devueltas por la mala regulación del impuesto implicó una pérdida de recaudación respecto de las medias de los años anteriores de aproximadamente 6 millones de euros, a lo que habría que añadir el coste de personal que supone atender, estudiar y resolver todas estas reclamaciones presentadas por los ciudadanos.
"Las diferentes sentencias judiciales son el resultado de la mala regulación del impuesto y la consecuencia directa es un impacto negativo notable para las arcas municipales. Es obvio que el daño de esa mala configuración de Ley lo asume y lo padece, en este caso, el Ayuntamiento de Valladolid y consecuentemente sus ciudadanos, que ven limitados los recursos municipales disponibles para la prestación de sus servicios", ha explicado Blanco.
Por otra parte, cabe destacar la inseguridad que genera la aplicación de la normativa del impuesto de plusvalías desde el año 2017 en todos los ayuntamientos españoles; inseguridad que también se traslada a los sujetos pasivos a la hora de hacer la autoliquidación del impuesto.
Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y desde muchos consistorios se han reclamado sistemas compensatorios de forma urgente para que las entidades locales dispongan de capacidad económica suficiente y de autonomía financiera para continuar ofreciendo los servicios que prestan, entre otras razones, porque así se establece en la Constitución. "Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas (art. 142 de la C.E.)".
Según el concejal de Hacienda es "incompresible que el Gobierno de España siga sin ofrecer soluciones para compensar las mermas económicas sufridas en todos los ayuntamientos españoles".
Inacción del Gobierno central
Las diversas sentencias del Tribunal Constitucional desde 2017 sobre el impuesto de plusvalía y la falta de actuación del Gobierno de la nación para promover un marco legal adecuado a su doctrina durante mucho tiempo -hasta la aprobación unilateral y urgente del Real Decreto Ley de 8/11/2021, dictado cuando ya se hizo imposible seguir liquidando el impuesto- han provocado una notable reducción de la capacidad recaudatoria de este tributo, que se suma a las cantidades que han de devolverse por las diferentes sentencias.
Así, se estima que los municipios españoles perderán casi 4.000 millones de euros por estas decisiones que, en buena lógica, deberían ser compensados por el Estado.
En el Pleno de mayo el Ayuntamiento de Valladolid aprobó una moción que incluía un punto para reclamar al Gobierno central la adopción de medidas oportunas para compensar a los ayuntamientos por las cantidades dejadas de percibir como consecuencia de las sucesivas sentencias que han declarado inconstitucional determinados artículos de la regulación del impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La propuesta es compartida por la mayoría de Ayuntamientos dentro de la FEMP, puesto que fue respaldada por la Comisión de Haciendas y Financiación Local de esta Federación. Esta iniciativa fue aprobada en la Junta de Gobierno de la FEMP del 29 de marzo de 2022.
La nula acogida del Gobierno de la nación de las propuestas realizadas para negociar la forma de compensación de los daños provocados es lo que ha hecho que el Ayuntamiento de Valladolid haya optado por la reclamación patrimonial al Estado para mitigar estos perjuicios.
Una de las prioridades del Consistorio vallisoletano ha sido no trasladar a los ciudadanos la situación de inseguridad jurídica generada por esta falta de respuesta del ejecutivo de la nación, por lo que en los últimos años se han agilizado las devoluciones del impuesto de plusvalía a los contribuyentes como consecuencia de los recursos y las sentencias citadas.
"A fecha actual y partiendo del año 2017, ya se han devuelto casi 6 millones de euros, una cuantía que se incrementará con las nuevas devoluciones que se vayan realizando, y que atiende, en definitiva, a la reclamación de justicia que el Ayuntamiento de Valladolid realizará al Gobierno Central", ha manifestado Blanco.
Exigencia de un nuevo modelo de financiación local
Por otra parte, Blanco ha recordado que también en el Pleno de mayo se acordó instar al Gobierno de España a promover una nueva ley de financiación de las entidades locales que garantizara los recursos suficientes para la prestación de los servicios públicos básicos en condiciones de eficiencia y equidad como entidades gestoras más próximas a los ciudadanos
"Los ayuntamientos no podemos consentir que siempre se discuta sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y no se ponga encima de la mesa, al mismo tiempo, promover una nueva ley de financiación local. Nuestra cercanía al ciudadano y las competencias que tenemos exigen que debamos tener un marco de financiación adecuado y suficiente. No somos el hermano pequeño de las administraciones públicas", ha concluido el concejal de Hacienda.
