Descripción
El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, y la concejala de Urbanismo, Cristina Vidal Fernández, han dado a conocer hoy el contenidos de las sugerencias aportadas durante el periodo de exposición pública del Área de Renovación Urbana "29 de Octubre", procedentes de los propios vecinos, los grupos políticos de la oposición y la Junta de Castilla y León, referidos fundamentalmente al alojamiento temporal de los residentes, a su contribución económica y al número viviendas de nueva construcción.
Desde el pasado mes de enero el Ayuntamiento de Valladolid viene trabajando intensamente para poner en marcha esta ambiciosa actuación, que cuenta con un alto grado de consenso social por parte de los vecinos del barrio y con un alto grado de consenso político por parte de todos los grupos municipales.
A través de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA), ya se han realizado las siguientes actuaciones, por resumir los hitos fundamentales:
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Presentación de la solicitud formal de declaración de Área de Renovación Urbana a la Junta de Castilla y León, Administración competente para su declaración.
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Aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para desarrollar esta actuación, con la apertura del correspondiente trámite de información pública por un periodo de dos meses.
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Puesta en marcha de la oficina de información en el barrio, situada en la calle Tórtola, para atender las demandas de los vecinos y de los ciudadanos en general que se han interesado por la misma.
Tras estas actuaciones, ha habido aportaciones muy valiosas por parte de los vecinos, de los grupos políticos municipales y por parte de la Junta de Castilla y León, de las que cabe señalar:
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Los residentes del Polígono 29 de Octubre no veían con buenos ojos que todos los vecinos del grupo se concentrasen en una de las dos fases que se habían diseñado. El motivo de diseñarlo así era evitar el alojamiento temporal de una parte importante de los vecinos que veían construir su nueva casa desde la antigua y cuando se terminase la nueva se incorporaban sin solución de continuidad a la misma, que se encontraba al otro lado de la calle.
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Los grupos municipales, fundamentalmente el de Izquierda Unida, no terminaban de aceptar que toda esta operación se realizase sin coste alguno para los propietarios de las viviendas.
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Aunque se cumplían los nuevos estándares fijados por la complejísima normativa urbanística, y aunque la densidad prevista estaba por debajo de la existente en la unidad urbana, la Junta de Castilla y León no veía bien pasar de 570 viviendas hasta las 850 previstas.
Pues bien, para resolver todas las sugerencias planteadas y con el ánimo de ir de la mano con los grupos municipales y con la Junta de Castilla y León, acuerdo fundamental para asegurar el éxito de la actuación, y sobre todo, para resolver una demanda generalizada de todos los vecinos/propietarios de la zona -sin afectar al fondo de la actuación que es resolver un problema social grave que existe con una mejora sustancial del entorno urbano, con más zonas verdes y equipamientos-, se reconduce la actuación en una triple dirección:
1. Se establecen dos grandes fases de ejecución sucesiva y no simultánea, de tal manera que los vecinos de la primera fase, si así lo desean, vivirán en la misma zona que vivían con anterioridad con gente nueva que comprará y/o alquilará viviendas en esa zona.
Es decir, en cada fase habrá viviendas de sustitución y viviendas nuevas con gente nueva que debe poder pagar o alquilar una vivienda, y por tanto, con solvencia suficiente para ello. De esta manera, se atiende a la demanda vecinal de regenerar el barrio de la forma más eficiente posible. En este sentido, las calles Villabáñez, Cigüeña y Faisán contarán también con locales comerciales suficientes para dar vida al barrio, otra demanda vecinal.
2. Se establece la obligatoriedad de comprar una plaza de garaje. Por tanto, aquellas personas que desean cambiar vivienda antigua por vivienda nueva, con independencia de que no se incremente el número de m2 útiles, obligatoriamente tienen que adquirir una plaza de garaje, a los precios que marca la normativa para las viviendas protegidas.
Tal circunstancia viene establecida por la normativa en vigor. En este sentido, la aprobación de la Ley de Vivienda el pasado mes de agosto exige que las viviendas de protección oficial cuenten con, al menos, una plaza de garaje vinculada.
De esta manera, también se acepta la sugerencia manifestada por los grupos municipales de la oposición de que la actuación tuviese un coste económico para los vecinos.
Aún así, aquellas personas que no teniendo dinero para adquirir la plaza de garaje y que desean vivir en ese barrio porque allí tienen sus vecinos, porque allí han vivido siempre, o por cualquier otra razón, se les ofrece una alternativa más que razonable para poder quedarse allí.
Se les ofrece poder obtener (con el dinero pagado por la expropiación de su vivienda antigua) un alojamiento protegido nuevo con servicios comunes que podrán ocuparlo, si así lo desean, hasta el ocaso de sus días.
Los objetivos fundamentales de estos alojamientos protegidos son:
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Solucionar el problema de alojamiento de las personas que siendo propietarias de una vivienda en el Polígono 29 de Octubre no pueden o no quieren adquirir una vivienda nueva.
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Mejorar, en todo caso, la calidad de vida de las personas ofreciéndoles unas viviendas que se adaptan a sus necesidades con estancias adaptadas, totalmente accesibles, con unos niveles de confort muy buenos y con unos servicios comunes que persiguen evitar el aislamiento de las personas y mejorar su seguridad.
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Revitalizar el barrio con la entrada en los alojamientos de de personas jóvenes de otras zonas de Valladolid que va a servir para regenerar y dinamizar esta zona.
3. Atendiendo a la sugerencia de la Junta de Castilla y León, se reduce el número de viviendas a construir, pasando de las 850 iniciales a las 712 viviendas definitivas, respetando las alturas inicialmente determinadas en el proyecto inicial.
No obstante, para mejorar las dotaciones del barrio, se reserva una parcela extensa para dotaciones y para los alojamientos protegidos.
De esta manera, todas las personas del barrio -no sólo los vecinos del Polígono 29 de Octubre- podrán disfrutar de unos equipamientos públicos, aún sin concretar, que se ajustarán en todo caso a las demandas de dotaciones de los ciudadanos de la zona. Igualmente se incrementa de forma ostensible las zonas verdes.
Procedimiento a seguir
Aunque se tengan que repetir algunos trámites no van a suponer una gran demora porque:
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Se han recogido la gran mayoría de las sugerencias formuladas por los ciudadanos. Este consenso social es básico para sacar adelante un proyecto tan ambicioso.
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Se han recogido las aportaciones de la Junta de Castilla y León. Este consenso institucional es fundamental para impulsar los trámites estrictamente autonómicos que son cruciales para sacar adelante este proyecto: la declaración de ARU y la aprobación definitiva de la Modificación de PGOU.
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Lo anterior son condiciones necesarias pero no suficientes. Resulta también fundamental el consenso económico público y privado. En este sentido, al contar con la participación y aceptación de los ciudadanos y con el compromiso de la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Fomento del Gobierno de España debe apoyarlo, porque forma parte de la política de vivienda que está impulsando. Además de esta financiación pública, la actuación debe contar con la financiación privada.
Los hitos fundamentales de la tramitación son los siguientes:
1. Aprobación Inicial de la modificación PGOU por parte del Ayuntamiento.
2. Nuevo trámite de información pública para enriquecer la propuesta.
3. Declaración de ARU por parte de la Junta de Castilla y León.
4. Aprobación Provisional de la modificación PGOU por parte del Ayuntamiento.
5. Aprobación definitiva de la modificación PGOU por parte de de la Junta de Castilla y León.
6. Comisión Bilateral MINISTERIO DE FOMENTO y JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN para la determinación de la financiación pública.
7. Selección de promotor de las actuaciones de urbanización y construcción de las viviendas para la determinación de la