Rafaela Romero lamenta que el vicepresidente de la Junta confunda los temas y eluda el debate sobre los servicios que prestan los ayuntamientos a los ciudadanos
El Ayuntamiento de Valladolid reitera su apuesta por los servicios sociales que se prestan a los ciudadanos y en reclamar a la Junta de Castilla y León, como administración competente, un incremento de la financiación. En consecuencia, el Ayuntamiento estudiará la vía judicial.
Ésta es la respuesta a las declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, a quien la concejala de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria, Rafaela Romero, reprocha la "confusión" de temas, además de eludir la clave, que es la financiación. "En ningún caso –afirma la concejala- el vicepresidente de la Junta rebate los argumentos del Ayuntamiento de Valladolid, que vienen avalados por las cifras y la realidad".
Rafaela Romero contrapone el incremento incesante del Ayuntamiento de Valladolid en los presupuestos destinados a los Servicios Sociales con el estancamiento de la aportación económica del Gobierno Regional: "Desde 2015 en el Ayuntamiento de Valladolid hemos pasado de un presupuesto de 18 millones de euros a 30 millones en la actualidad". Es uno de los datos que esgrime la concejala para demostrar la apuesta del gobierno municipal presidido por Óscar Puente por los Servicios Sociales. El presupuesto para 2020 aprobado para la Concejalía de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria es de 29.498.206 euros .
Mientras, el Acuerdo Marco establece un acuerdo por 4 años, pero con una congelación del presupuesto de la Junta de Castilla y León, que no prevé ninguna subida en este periodo.
La desproporción del presupuesto que aporta una u otra administración (Autonómica y Local) queda reflejado en servicios como la Ayuda a Domicilio. Este servicio está financiado con 5.571.085 euros por parte de la Junta y el Ayuntamiento está obligado a poner el 10% del programa. Es decir, se limitaría la aportación municipal a 619.009 euros. Sin embargo, el gasto global previsto para atender este servicio este año asciende a 11.850.500 euros . Por tanto, como la Junta reduce su aportación a poco más de 5 millones y medio de euros, el Ayuntamiento se ve obligado a aportar más de 6 millones de euros (exactamente 6.279.414), lo que supone asumir el 52,99% del coste total del servicio.
La realidad es que sin el compromiso del Ayuntamiento de Valladolid las personas mayores estarían desamparadas por la desidia de la Junta de Castilla y León.
