Descripción

El Ayuntamiento de Valladolid se ha visto obligado a incrementar en 340.000 euros la partida destinada a sufragar el servicio de Ayuda a Domicilio para poder atender la demanda, de forma que paga ya más de medio millón (545.000 euros) por encima de la cantidad que legalmente le corresponde, en total, 1.072.000 euros, en lugar de los 582.000 que debería de poner en el coste anual del servicio para 2016.


El motivo es la negativa de la Junta de Castilla y León a incrementar la financiación que dedica a esta prestación en Valladolid, (de cuyo coste la Ley le exige sufragar un 90%), a pesar del notable incremento en la demanda, que lógicamente debería ir acompañado de un incremento de financiación.


Sin embargo, ante la reciente incorporación a las prestaciones de dependencia de las personas con un "grado 1", el más leve, y el importante incremento en la demanda del servicio, el porcentaje de financiación de la Junta (que no crece) ha caído al 82%, mientras que el Ayuntamiento, -apostando por el servicio público y obligado a rellenar el hueco que deja la Administración Autonómica en el coste-, ha subido su aportación al 18%, casi el doble.


Así lo hizo saber la concejala de Servicios Sociales, Rafaela Romero, a los grupos políticos en la Comisión de Cultura, Educación, Participación Ciudadana y Servicios Sociales celebrada este martes en el Consistorio, a los que anunció la presentación de una Moción en el próximo Pleno precisamente para instar a que la Junta de Castilla y León apueste por el servicio público de ayuda a domicilio y corrija este desequilibrio.


El Ayuntamiento está atendiendo actualmente a 2.671 personas dependientes en el Servicio de Ayuda a Domicilio, con una media de horas mensuales de 48.163, pero la previsión es que más personas mayores dependientes soliciten el servicio durante este año, lo que lleva a la concejala de Servicios Sociales, Rafaela Romero, a temer que "no se va a llegar", económicamente, para dar el servicio a todo el mundo y comenzará a crearse una lista de espera.

Detectado el problema, la concejala mantuvo un encuentro hace unos días con el gerente de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León que, sin embargo, no adquirió compromiso alguno para revisar la aportación de la Administración Autonómica.

Romero advirtió de que si la demanda del servicio de ayuda a domicilio continúa tal y como se prevé, y la Junta de Castilla y León no incrementa su financiación, además de alimentar la lista de espera, la única solución sería que la Junta pague una "prestación vinculada" al servicio a las personas mayores dependientes que lo hayan solicitado, quienes, sin embargo, tendrán que contratar por su cuenta el servicio con el sector privado.


La concejala de Servicios Sociales insistió en la apuesta del Ayuntamiento de Valladolid por lo público, el único sistema que permite el control de calidad de la prestación y el control de las condiciones de los trabajadores por parte de la Administración.

En la moción que se elevará al próximo Pleno se le pedirá, precisamente, a la Junta de Castilla y León, que financie adecuadamente los servicios sociales municipales a través del "acuerdo marco", evitando tener que derivar al sector privado a las personas dependientes que solicitan un servicio público.