Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de Valladolid en su reunión del 6-XI-2009
El órgano de gobierno adjudica a la empresa SACYR, S.A. las obras de urbanización de la calle Caamaño, que deberán concluir antes del 31 de marzo de 2010
Fecha de la noticia
6 de noviembre de 2009
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Gabinete de Prensa
Descripción
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, reunida esta mañana en sesión ordinaria, ha abordado los asuntos que figuran a continuación dentro del orden del día.
En el Área de Urbanismo y Vivienda, el órgano de gobierno ha concedido la licencia de primera ocupación a dos viviendas unifamiliares construidas en la Cañada Real y en la Plaza de las Siete Partidas.
Cabe destacar, en materia de planificación, la aprobación inicial del proyecto de actuación de la Unidad de Ejecución 188, en el Paseo de Zorrilla con vuelta a las calles Puente Colgante y Desengaños. Conlleva una reparcelación que da lugar a dos parcelas y se cede un espacio calificado como parque y jardín que se unirá al actual existente en la calle Desengaños.
Por otro lado, en el Área de Presidencia se ha declarado de emergencia la contratación de las obras de urbanización de la calle Caamaño por la situación de peligro que puede suponer para los peatones que circulan por ella y los problemas de accesibilidad de los vehículos en general al haber suspendido los trabajos la adjudicataria y la situación judicial de la misma.
La adjudicación de dichos trabajos, incluidos en el Fondo Estatal de Inversión Local, se ha hecho a la empresa SACYR, S.A., por un importe de 1.241.300 euros, debiendo terminar los trabajos antes del 31 de marzo de 2010.
Finalmente, el órgano de gobierno ha dado el visto bueno a la convocatoria y bases que han de regir el acceso a las viviendas de propiedad municipal como recurso de promoción e inserción socio laboral respetando los principios de igualdad, concurrencia y objetividad. La convocatoria especifica los requisitos de los beneficiarios, procedimiento o las causas de extinción.
La duración del uso y disfrute será de seis meses, prorrogable hasta los 36 previo informe favorable. Los usuarios de las viviendas se harán cargo del pago de los suministros y gastos comunitarios, así como de las reparaciones que surjan por el uso inadecuado que se haga, debiendo dejar el alojamiento en buenas condiciones.