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El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valladolid, Antonio Gato, ha defendido este jueves la coherencia de la nueva operación ferroviaria porque ha permitido igualar la posición que mantiene cada una de las administraciones con presencia de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

Gato, quien ha sido el único compareciente en la sesión de hoy de la Comisión de Investigación de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, ha sostenido que la mejor y más coherente operación es la que recoge el nuevo convenio dado que el reparto de posiciones de cada una de las administraciones es mucho más igualitaria, según lo ha explicado la presidenta de la Comisión, Charo Chávez, al fin de la reunión.

Para el concejal de Hacienda, ahora quedan compensadas las dos vertientes del proyecto (obras ferroviarias y proyecto ciudad) y el hecho de que se haya firmado un préstamo participado supone no comprometer ni otros préstamos ni inversión ya que, una vez se vendan los terrenos, cada una de las partes recuperará su cuantía.

La práctica totalidad de las preguntas que se le han formulado han tenido que ver con su gestión desde el año 2015 y con temas como las primeras gestiones que se llevaron a cabo desde la Concejalía para conocer en qué punto se encontraba la operación.

"Nos ha insistido una y otra vez en que hicieron muchísimas reuniones, que se reunieron con la Sociedad y que pudieron constatar que había una deuda de 400 millones de la que más de 100 millones eran intereses. En esta situación, la negociación con el pool bancario fue prácticamente imposible porque las condiciones que exigían en el pago eran inviables", relata Charo Chávez.

Cabe recordar que, en referencia a este asunto, el interventor del Ayuntamiento no se mostró partidario de asumir esa deuda porque finalmente conllevaría el incumplimiento del techo de gasto y de la sostenibilidad presupuestaria, lo que a su vez acarrearía consecuencias muy graves para el Ayuntamiento.

Por último, la presidenta de la Comisión ha informado de que las próximas sesiones tendrán lugar los días 7 y 21 de junio y que se llamará a comparecer a los cargos políticos, cinco por cada sesión dadas las complicaciones para contactar con ellos y para que accedan a acudir y responder a las preguntas.