El fallo afirma que la concesionaria no tiene derecho a obtener ninguna compensación económica por agua no suministrada, ya que el contrato no garantiza una facturación mínima
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha desestimado íntegramente la pretensión de la empresa Aguas de Valladolid, concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento, de cobrar 6.335.433,23 euros en concepto de diferencias en la facturación del agua consumida, e impone además las costas del procedimiento, por un importe superior a los 60.000 euros.
De acuerdo con dicho fallo, fechado el pasado 13 de octubre, la concesionaria no tiene derecho a obtener ninguna compensación económica de parte del Ayuntamiento por agua no suministrada, porque el contrato suscrito con la Administración Municipal no le garantiza una facturación mínima ni establece ninguna previsión de consumo.
De haberse estimado la pretensión de Aguas de Valladolid, se habría causado un considerable quebranto a la Hacienda Municipal no sólo por la cuantía de lo reclamado en este pleito, sino porque habría permitido a la concesionaria incrementar sustancialmente este importe con las sumas que por este mismo concepto podría solicitar, con repercusión para los ciudadanos, hasta el año 2017, en que finaliza la concesión.
Cabe recordar que Aguas de Valladolid es la adjudicataria de la concesión y también de la concesión de la gestión del servicio de depuración de aguas residuales y control de vertidos a la red de alcantarillado de Valladolid.
Díez pleitos hasta la fecha
La empresa ha interpuesto contra el Ayuntamiento diversos pleitos -diez hasta el momento- sobre varios aspectos concesionales con el fin de alterar las obligaciones contractuales que asumió, para conseguir importantes cantidades bajo el pretexto de la existencia de supuestas pérdidas económicas.
El Ayuntamiento se ha opuesto a todas estas pretensiones defendiendo el interés general y tratando de evitar gastos que repercutirían en el conjunto de los ciudadanos y usuarios. De las cuatro sentencias definitivas dictadas hasta ahora, en segunda instancia, tres de ellas han sido favorables al Ayuntamiento y una parcialmente, aunque también es beneficiosa para los intereses municipales, pues contempla un ingreso mayor del mínimo pactado, pero inferior al que demandaba la empresa, de 1.162.000 euros.
