El auto de Instrucción 4 entiende “indiciariamente probados” perjuicios de 2,4 millones de euros para las arcas públicas por la emisión de 1.316 facturas irregulares durante 14 años
El Ayuntamiento reclamará "hasta el último céntimo"
El alcalde de Valladolid, Oscar Puente, acompañado del director de la Asesoría Jurídica Municipal, Rafael Guerra, dieron a conocer este martes el contenido del auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, notificado este mismo 30 de mayo, que cierra la instrucción del llamado "Caso Samaniego", abierta a raíz de la denuncia del entonces concejal del Grupo Socialista, el propio Puente, sobre la "trama" creada por el exjefe de Mantenimiento del Ayuntamiento, Luis Alberto Samaniego, que, según asume el propio auto, podría haber provocado un perjuicio a las arcas públicas de más de 2,4 millones de euros.
El auto judicial imputa a cuatro personas: el propio exjefe de Mantenimiento, Luis Alberto Samaniego Conde, su hijo, Luis Javier Samaniego Miguélez, su socio, Miguel Rodríguez Patín, y su primo, Antonio Bernardo Samaniego Fernández, y entiende que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad.
El auto dispone que se continúen las diligencias previas por los trámites de procedimiento abreviado y da un plazo de diez días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento. Igualmente concede un plazo de tres días para interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación, o bien cinco mediante apelación directa ante la Audiencia Provincial.
El Juzgado entiende "indiciariamente probado" que, durante los 14 años que Luis Alberto Samaniego fue jefe del Centro de Mantenimiento de edificios e instalaciones municipales (desde abril del año 2000 hasta junio de 2014, fecha en que se jubiló, días después de que la trama fuera denunciada), este funcionario público efectuó "diversas adjudicaciones en contratos menores para la realización de obras de edificios municipales o gestionadas por el Ayuntamiento a favor de empresas propias o de familiares suyos, a sabiendas de que dicha actuación la tenía prohibida por razón del cargo que ostentaba".
Esta trama de empresas, Castellano Leonesa de Mantenimiento S.L., Construcciones Tarifa 2000 S.L., Construcciones Paraíso 2008 S.L., Construcciones y reformas Bullón S.L., Construcciones y Contratas Pintia S.L.U., Construcciones y Reformas Alivia S.L., Excelgestión S.L., Camino de Molendor S.L., Mantenimiento y Consolidación de Inmuebles, Construcciones y Reformas Acuña S.L.U., Obras Valcom 2000 S.L.U, Mantenimiento e infraestructuras urbanas S.L. y Constructora Castellana Industrial S.A, -en total 13 firmas diferentes-, emitieron 1.316 facturas al Ayuntamiento de Valladolid por contratos por los que percibieron, dice el auto, 10,9 millones de euros.
La magistrada entiende que el quebranto económico causado a las arcas municipales ha sido valorado en 2.464.647,95 euros, de ellos, 671.877 como perjuicio por sobrecoste de facturación, 893.268,59 euros como perjuicio derivado de la ausencia de baja, es decir, sobrecoste debido a la ausencia de libre concurrencia, 537.849 euros como perjuicio como beneficio ilícito y 361.653,29 euros de perjuicio por intereses de demora.
Obras no realizadas o ya ejecutadas por el propio Ayuntamiento
La trama funcionaba de tal manera, según se recoge en el auto, que "en varias ocasiones, algunas de las facturas entregadas al Ayuntamiento para su abono por las diferentes empresas señaladas, reflejaban obras que no se habían llegado a
realizar, o bien obras ya ejecutadas por operarios municipales, y otras en las que lo facturado no se correspondía con lo realizado, presentando igualmente algunas facturas con sobrecoste en los importes que detallaban".
En la mayoría de los casos, continúa, en la ejecución de las obras trabajaban las mismas personas, aunque se tratara de diferentes empresas de las indicadas, y, por añadidura, algunos trabajadores que pertenecían a empresas del grupo familiar de Samaniego Conde, tras dejar de trabajar para esas empresas, comenzaron a trabajar como personal del propio Ayuntamiento en labores de mantenimiento.
Absoluta falta de control
El alcalde de Valladolid, Oscar Puente, señaló que "estamos hablando de unos hechos de enorme gravedad y enorme trascendencia económica" y cree que el auto "deja clara una absoluta falta de control por parte del entonces equipo de Gobierno municipal durante 14 años de lo que ocurría en el Servicio de Mantenimiento", puesto que en ese tiempo "se produjeron hechos muy graves de forma cotidiana y permanente".
Puente recordó que la intención inicial del equipo de Gobierno de entonces fue solventar el asunto a través de la apertura de un expediente disciplinario que concluyó con la jubilación anticipada del funcionario, prácticamente al mismo tiempo que se daba a conocer lo ocurrido, y fue él mismo, el actual alcalde, entonces concejal del Grupo Socialista, quien puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, ante la inacción de aquel equipo de Gobierno municipal.
El alcalde recordó, además, que su grupo municipal solicitó la información sobre lo que estaba sucediendo en Mantenimiento a finales del año 2013 y la recibió seis meses más tarde, a mediados de 2014, un día después de que se le abriera expediente al funcionario.
El Ayuntamiento reclamará hasta el último céntimo
Por último, anunció que el Ayuntamiento reclamará "hasta el último céntimo de esos casi 2 millones y medio de euros en que se calcula el perjuicio de las arcas públicas, recuperándolo mediante la ejecución de los bienes de los imputados", agradeció el trabajo de Intervención Municipal y los técnicos durante la instrucción del procedimiento, e instó a la actual oposición municipal a actuar en pos del beneficio público.
