Fecha de la noticia

3 de diciembre de 2020

Descripción


La negativa de la Diputación Provincial a financiar el coste del servicio de Extinción de Incendios y Salvamento ha llevado al Ayuntamiento de Valladolid a denunciar públicamente la "nula voluntad de llegar a un acuerdo".


El alcalde, Óscar Puente, y el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Palomino, han lamentado la deslealtad de los responsables políticos de la Diputación, al tiempo que les recuerdan su responsabilidad ante un tema esencial para la seguridad. El alcalde y el concejal han garantizado la continuidad y la mejora del servicio a los 300.000 habitantes del término municipal. "Los ciudadanos que viven en Valladolid no tienen por qué pagar más –cuatro veces más- que los que residen en el área metropolitana".


En la rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento el alcalde y el concejal han desgranado los datos del convenio que se niega a actualizar la Diputación y las razones que motivan las decisiones del Gobierno Municipal:


  • La obligación de prestar el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento en las localidades del Alfoz corresponde a la Diputación de Valladolid.
  • El convenio se lleva a cabo desde hace veinte años. En los primeros dieciseis años, la Diputación de Valladolid estuvo haciendo negocio con este servicio, ingresando más dinero del que pagaba (durante los últimos cuatro años de esos dieciséis, mientras pagaba 150.000 euros, ingresaba más de 300.000 euros) por el cobro de los seguros.
  • El Convenio actual resulta claramente injusto y desequilibrado para el ciudadano de Valladolid. Siguiendo la orden 2075/2014 de Hacienda de las Administración Públicas, el coste de los servicios públicos debe establecerse como coste por habitante el coste estimado para este servicio en el alfoz es de 2.185.300 euros. Sin embargo, la Diputación solo aporta 600.000 euros.
  • Esto supone que el coste real que pagan los ciudadanos de Valladolid por el mismo servicio es de 26,18 euros/habitante, frente a los 5,73 euros/habitante que pagan los vecinos del alfoz.

Es decir, los vecinos de Valladolid están financiando con parte de sus impuestos el Servicio de Bomberos de

otras localidades, cuya obligación, recordamos, corresponde a la Diputación de Valladolid.


  • A pesar de ello, y considerando este Ayuntamiento que el modelo de convenio permite una gestión más eficaz, un mejor aprovechamiento de los recursos públicos, reduce los costes como efecto de la economía de escala y garantiza el cumplimiento de interés general, desde el Ayuntamiento de Valladolid hemos intentado llegar a un acuerdo que, aunque no cubra la totalidad del coste del servicio, reduzca la diferencia y desequilibrio existente.
  • Tras varias reuniones, el Ayuntamiento demostrando siempre su buena voluntad, ha llegado a proponer un acuerdo consistente en el cobro de 1.100.000 euros, en cada uno de los dos primeros años, y de 1.200.000 euros, los dos últimos.
  • Esta propuesta se realizó en la reunión celebrada el pasado martes, 1 de diciembre. A pesar del carácter reservado del encuentro entre el concejal de Salud Pública y Seguridad, Alberto Palomino, y el diputado provincial, Agapito Hernández, unas horas después se conoció que Agapito Hernández había grabado la conversación, sin consentimiento, y que la había difundido a los diferentes grupos políticos de la institución provincial.
  • La Diputación se ha saltado todas las reglas éticas de las relaciones personales e institucionales.
  • Mientras tanto, el Ayuntamiento continuará dando los pasos oportunos para comunicar a la Dirección General de Protección Civil que, a partir del próximo 1 de enero de 2021, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento en el Alfoz ya no será prestado por el Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid, sino directamente por la administración que es responsable de esa competencia: la Diputación Provincial de Valladolid. Por consiguiente, a quien deberán dirigirse los habitantes de estas localidades ante situaciones de emergencia es la Diputación.

Los vecinos afectados residen en 36 municipios, urbanizaciones y entidades menores:


Arroyo de la Encomienda, Boecillo, Cabezón de Pisuerga, Casasola, Castronuevo de Esgueva, Cigales, La Cistérniga, La Corala, Corcos-Aguilarejo, Cubillas de Santa Marta, la Flecha, Fuensaldaña, Granja Muedra, Herrera de Duero, Laguna de Duero, Mucientes, Olmos de Esgueva, El Otero, Piña de Esgueva, Quintanilla de Trigueros, Renedo San Andrés, San Martín de Valbení, Santovenia de Pisuerga, Simancas, Trigueros del Valle, Tudela de Duero, Valoria La Buena, Viana de Cega, Villabáñez, Villanubla, Villanueva de los Infantes, Villarmentero de Esgueva, Villavaquerían Wamba y Zaratán.


Declaraciones del alcalde de Valladolid, Óscar Puente: