Esta sociedad municipal sustituirá al concesionario Aguas de Valladolid a partir del 1 de julio de 2017, tras 20 años de gestión indirecta del servicio
El Ayuntamiento asumirá al cien por cien de los actuales trabajadores de Aguas de Valladolid en una decisión que el alcalde, Oscar Puente, calificó como "plenamente responsable"
Según los informes técnicos, este nuevo modelo es el que mejor garantiza el control de la evolución de las tarifas, que con el modelo anterior habían subido un 33,9% en 15 años
La Comisión político-técnica creada para el estudio de la forma más eficiente de gestionar el servicio del agua en Valladolid, a partir de la información técnica analizada, ha acordado, con los votos a favor de PSOE, Valladolid toma la Palabra y Si Se Puede, proponer al Pleno del Ayuntamiento que se avance hacia la constitución de una sociedad de capital enteramente municipal para gestionar el abastecimiento de agua, la depuración y el saneamiento.
El alcalde de Valladolid, Oscar Puente, que subrayó en su comparecencia junto a la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, la unanimidad absoluta en el equipo de Gobierno sobre la decisión, calificó esta como "plenamente responsable" y adoptada, únicamente, una vez analizados todos los datos, "no rebatidos por ningún grupo político ni entidad pública o privada, y sin controversia con respecto a los documentos con los que hemos estado trabajando".
Puente añadió que "la decisión no es la más egoísta para el equipo de Gobierno" y "parte del convencimiento de que es la mejor de las opciones, la que ofrece más ventajas y menos inconvenientes".
El alcalde señaló que "hemos decidido ser responsables con el futuro de la ciudad, apostamos por una gestión que proporcione el máximo rendimiento posible para afrontar las necesidades de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, que están por encima del lucimiento electoral".
Mayor control de la evolución de las tarifas
Los diferentes modelos económicos que se han barajado (con estudios a 15 y 20 años) demuestran que es posible acometer las inversiones recomendables para mantener las redes y las plantas de tratamiento y depuración sin recurrir a la inversión del sector privado, y por lo tanto, sin tener que concederle unos beneficios por su participación.
De esta forma, la empresa pública permite que la subida de tarifa sea la mínima imprescindible para mantener un servicio de calidad, y sin renunciar a realizar las obras que permitan un óptimo funcionamiento de todas las instalaciones.
La concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, explicó que en los últimos 15 años, el incremento neto de la tarifa fue del 36% en régimen de concesión, en un modelo sin inversión en mantenimiento.
Los escenarios que se prevén, en cambio, en los informes con el nuevo modelo son mucho más positivos en este sentido. De hecho, señaló, ninguno de los modelos de gestión alternativa llegaría a la subida producida en estos años.
Se trata, por tanto, afirmó Sánchez, de la opción menos gravosa para la ciudadanía con mucha diferencia.
Así, al no necesitar maximizar los beneficios para el socio privado o concesionario, se generará en un periodo de 15 años la suficiente tesorería para obtener la capitalización de la red e instalaciones, con una inversión de 178,5 millones de euros, y sin endeudamiento.
Garantizar la capacidad total para tomar decisiones
Por otro lado, la Comisión también ha considerado por mayoría que la empresa pública es la mejor forma de garantizar la capacidad total de la toma de decisiones acerca de un servicio público que, por un lado, debe ser universal, y garantizarse a todos los ciudadanos, velando por los que menos recursos tienen, y por otro, debe considerarse desde un punto de vista medioambiental, de tal modo que se tienda a la reducción de consumos innecesarios.
En ese sentido, la propuesta de la concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad es que a medio plazo la nueva sociedad estudie unas nuevas tarifas en las que se tenga en cuenta la situación económica y el consumo per cápita, no por vivienda, como hasta ahora. En el corto plazo, la sociedad municipal garantizará un fondo social para las familias con necesidades económicas.
Subrogación de la plantilla actual
La Comisión ha analizado también la situación en la que quedará la plantilla del personal que trabaja actualmente para el concesionario. Los 159 trabajadores quedaran subrogados por la nueva empresa, en condición de indefinidos, asegurando de esta forma que la gran experiencia de estos trabajadores podrá ser aprovechada en el nuevo servicio.
Estos trabajadores formarán parte del personal interino del Ayuntamiento (en algunos casos con antigüedades de 20 años) y, al igual que en el caso de este personal, se trabajará en Planes de consolidación de empleo municipal o las correspondientes Ofertas Públicas de Empleo en función de los procesos de jubilación que se den en la plantilla, para garantizar la estabilidad en el empleo.
La concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, señaló que la ciudadanía vallisoletana "puede tener la tranquilidad de que las instalaciones y las personas que tratan el agua seguirán siendo las mismas que hasta ahora, con la novedad de que a través de una empresa pública se podrá superar mejor el déficit inversor en materia de mantenimiento acumulado de los últimos 20 años".
Los retos de la empresa pública serán mantener la calidad del servicio, con una de las tarifas más bajas de España, garantizando la responsabilidad social y ambiental y solucionando el problema del déficit inversor acumulado de los últimos 20 años, en el que no se han realizado las obras necesarias en la red y en las plantas de tratamiento y estación depuradora.
Se considera que la gestión directa a través de la empresa pública permitirá un mayor control de las necesidades de mejora en las infraestructuras que las formas de gestión indirecta.
Está previsto que en septiembre, los técnicos ya tengan la documentación precisa (estudios sociales, jurídicos y económicos de la sociedad, estatutos, proyecto de reglamento y proyecto de tarifas) para que el Pleno Municipal pueda debatir este asunto, previo a la apertura de un periodo de exposición pública.
