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Descripción

La decisión sobre la forma más eficiente de gestionar el servicio se adoptará en los próximos meses con la opinión de una Comisión político-técnica y de la ciudadanía

La ausencia de inversiones en los últimos 19 años en instalaciones y redes del Ciclo Integral del Agua de Valladolid, la obsolescencia de muchos elementos y el déficit de inversión acumulado de más de 96 millones de euros obligarán a una inversión de 178 millones en los próximos 15 años.

Este es uno de los datos más relevantes del informe sobre el Ciclo Integral del Agua, elaborado por un equipo técnico, en el que el Ayuntamiento basará su decisión acerca de la forma más eficiente de gestionar el servicio en los próximos años, una decisión que se adoptará tras recabar la opinión de una Comisión político-técnica que será creada en breve y un proceso de consulta a la ciudadanía.

El documento permite al Ayuntamiento conocer de forma detallada la situación de todos los elementos que configuran la prestación del servicio, actualmente gestionado en régimen de concesión por Agualid: las estaciones de tratamiento de agua potable, la estación depuradora de aguas residuales, la red de abastecimiento y la red de saneamiento.

El primer objetivo es poder asumir el servicio con continuidad y sin incidencias cuando finalice la actual concesionaria, en junio de 2017, con independencia de cuál sea la fórmula de gestión en el futuro.

Para ello, se han analizado las posibilidades de subrogación del personal que actualmente integra la plantilla, así como todos los condicionantes organizativos y las relaciones con proveedores.

Uno de los aspectos más importantes es, precisamente, la cuantificación de las inversiones que es preciso llevar a cabo en los próximos años, al objeto tener todos los datos para crear un modelo económico, aplicarlo como hipótesis a los diferentes modos de gestión del servicio público, y de esta manera, poder evaluar todas las opciones.

Con el escenario técnico y económico que dibuja el informe, la concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, explicó a los grupos políticos los pros y los contras de las diferentes alternativas de gestión: directa a través de un servicio municipal, una sociedad mercantil 100% pública, una sociedad mixta o una concesión.

El actual equipo de gobierno, según explicó la concejala, ha esperado a este informe, puramente técnico, antes de abordar la posibilidad de avanzar hacia la gestión pública del agua, un compromiso de los dos grupos en el Gobierno, en la idea de que con ello se ganará en calidad, eficiencia en la gestión y salvaguarda de los intereses públicos, que, entienden, deben guiarse por principios como la justicia social o la calidad ambiental.

La decisión final, no obstante, se adoptará sólo tras un proceso de diálogo, y garantizando la continuidad de la plantilla, tanto por respeto a sus derechos laborales, como por su gran cualificación y el conocimiento adquirido, imprescindibles para garantizar un servicio de calidad. Por otro lado, debe de asegurarse que el importante esfuerzo económico que esto requiere sea asumible y no comprometa la prestación de otros servicios municipales básicos.

Con el informe como punto de partida, se procederá ahora a la designación de una Comisión político-técnica, que se nombrará en el Pleno del mes de mayo, en la que estarán representados todos los grupos municipales, y se convocará un foro de participación para dar a conocer a entidades sociales y a la ciudadanía toda la información sobre este servicio y recoger sus aportaciones.

El objetivo es que, con el mayor consenso posible, se elabore antes del verano la memoria exigida por la Ley de Bases de Régimen Local que, previo informe de la Intervención Municipal, concluya cuál es la forma más eficiente y sostenible de gestionar el servicio.