Los alcaldes de ambos municipios mantuvieron un encuentro en el Ayuntamiento vallisoletano durante el que se hizo pública la "Declaración de Valladolid", abierta a la adición de otras localidades
El manifiesto reclama la retirada de las disposiciones de los PGE 2017 que "perjudican el interés general, limitan la autonomía municipal y se someten a los intereses de los grandes grupos económicos que controlan el agua en nuestro país y en el mundo"
Los alcaldes de Valladolid, Oscar Puente, y Terrassa, Jordi Ballart i Pastor, hicieron pública este viernes la denominada "Declaración de Valladolid", un texto conjunto, suscrito por ambos municipios, pero abierto a la incorporación de otras localidades, en el que ambos regidores constatan su encendida defensa de la autonomía municipal y el derecho de las ciudades a recuperar la gestión de los servicios públicos básicos para la ciudadanía.
La Declaración hace especial hincapié en la municipalización del agua, proceso en el que ambas ciudades se encuentran inmersas, a ritmos y plazos distintos, y partiendo de situaciones anteriores que presentan similitudes y diferencias, pero finalmente, con el mismo objetivo.
La Declaración reclama abiertamente la retirada de las disposiciones existentes en los proyectos de ley de contratos y de Presupuestos del Estado para 2017 que "perjudican el interés general, limitan la autonomía municipal y se someten a los intereses de los grandes grupos económicos que controlan el agua en nuestro país y en el mundo".
El texto recuerda que en España, pero también en Europa, "se están impulsando con éxito numerosos procesos de municipalización del servicio público del agua, entre los que destacan los de ciudades como París, Montpellier, Grenoble, Burdeos, Berlín, Stuttgart, Génova o Budapest, entre muchas otras".
Las ciudades de Valladolid y Terrassa, al margen de las divergencias entre ambos procesos, tienen en común la reivindicación, por parte de los dos ayuntamientos, de la soberanía y autonomía municipales para decidir la forma de gestión más eficaz y apropiada de los servicios municipales, dentro de las distintas posibilidades que ofrecen las leyes.
Asimismo, ambos alcaldes consideran esencial la gestión pública directa del servicio del agua, para ofrecer el mejor servicio al mejor coste, evitar su control por parte de grandes grupos e intereses económicos nacionales o internacionales, fortalecer su sostenibilidad, mantener unas tarifas razonablemente bajas y con medidas sociales para personas y familias en situaciones desfavorables o críticas, garantizar los puestos de trabajo asociados directamente a este servicio y destinar los posibles "beneficios" a la mejora del propio servicio público.
Valladolid y Terrassa, tienen en común, además, su apuesta por garantizar las inversiones necesarias y la mejora de las infraestructuras en un servicio público básico, a corto, medio y largo plazo, y asegurar el "gobierno municipal" sobre el agua, con total transparencia y compromiso de servicio a la comunidad, alejándolo de prácticas corporativas abusivas cuya finalidad oculta es dominar el suministro de agua y ponerlo al servicio de intereses económicos que nada tienen que ver con los del municipio.
Puente y Ballart recuerdan en su Declaración que "en estos momentos, se están tramitando en el Congreso de los Diputados el proyecto de 'Ley de Contratos del Sector Público' y los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que contienen algunas disposiciones cuyo objetivo no declarado pero evidente es dificultar o impedir procesos de municipalización como los que se están impulsando en Valladolid y Terrassa o en tantos otros municipios españoles, muchos de ellos miembros de asociaciones como la Red Agua Pública o la Asociación de Municipios para la Gestión Pública del Agua".
La combinación de ambas normas, la futura ley de contratos y los presupuestos estatales, entienden, constituye "una maniobra burdamente camuflada para poner los servicios públicos, especialmente en grandes municipios, en manos de empresas privadas y garantizar negocios muy lucrativos a espaldas de los ciudadanos y ciudadanas".
En esencia, señalan, "el gobierno del PP pretende, a través de las nuevas normas en tramitación, imposibilitar que los ayuntamientos puedan absorber los trabajadores de las empresas privadas concesionarias del servicio de suministro de agua".
De este modo, sin oponerse frontalmente a los procesos de municipalización y bajo vagas argumentaciones sobre la eficacia y estabilidad de las administraciones públicas, quiere bloquearlos y convertirlos en inviables en la práctica.
Esto significa, consideran ambos municipios, que "la gestión privada deja de ser una opción para los ayuntamientos y se convierte en una obligación amparada por la ley, que busca impedir la autonomía municipal y proteger unos intereses particulares, en contra del superior interés general e incluso en contra de lo que determina la Constitución Española".
Así, insisten, "el Gobierno del PP pretende convertir en excepcional algo que debería ser lo más normal del mundo: que una administración pueda decidir gestionar directamente un servicio", de modo que "lo deseable para este Gobierno es que los servicios públicos sean gestionados por empresas privadas, que escapen al control de las instituciones, que se encarezcan misteriosa e inexplicablemente y que generen cuantiosos beneficios privados".
Los alcaldes de Terrassa y Valladolid suscriben el manifiesto, abierto a otros municipios que quieran sumarse, para corroborar que "la autonomía municipal es el mejor mecanismo para servir a los intereses generales de cada municipio, dentro del marco de las leyes, que deben proteger y no obstaculizar la autonomía municipal", defender "el derecho de los ayuntamientos a decidir la forma de gestión de cada servicio que mejor se adapte a sus circunstancias o necesidades, garantizando su eficacia, controlando escrupulosamente y con la máxima transparencia sus costes y definiendo unas tarifas razonables y accesibles para todos los ciudadanos y ciudadanas", e insistir en que "el agua no es un negocio, sino un derecho humano y un bien que pertenece a la comunidad y que debe estar a su servicio".
Finalmente, la Declaración pide que el Gobierno retire de las disposiciones de los proyectos de ley de contratos y de Presupuestos del Estado para 2017 que "perjudican el interés general, limitan la autonomía municipal y se someten a los intereses de los grandes grupos económicos que controlan el agua en nuestro país y en el mundo".
