El sistema de mediación se plantea como un procedimiento dialogado para la resolución de conflictos, llevado a cabo por profesionales expertos
La Asociación Castellano Leonesa de Mediación Penal ha suscrito esta mañana tres convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid, la Diputación Provincial y la Universidad para el desarrollo de un programa piloto intrajudicial en esta materia, que será llevado a cabo por profesionales de reconocida experiencia.
La firma de los acuerdos ha tenido lugar en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial, con la presencia de la presidenta de la entidad, Patricia Guilarte Gutiérrez; el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva; el presidente de la Diputación, Ramiro Felipe Ruiz Medrano; y el rector de la Universidad, Evaristo Abril Domingo.
Esta iniciativa forma parte de una experiencia piloto realizada en diversos juzgados de España -en el caso de Valladolid, el de lo Penal número 2 y el de Instrucción número 2-, con la supervisión y apoyo del Consejo General del Poder Judicial y de otras administraciones públicas, para mediar en situaciones de conflicto derivadas de la comisión de delitos o faltas.
El montante total de los convenios de colaboración suma 6.000 euros, de los que cada institución aporta 2.000 euros para la financiación del proyecto subvencionado, con vigencia hasta el mes de octubre de 2009.
Tendencia europea
La creación del servicio piloto en Valladolid se incardina en los imperativos sobre política criminal del sistema penal español en el ámbito de la Unión Europea, que anima a los estados miembros a "impulsar la mediación en las causas penales (...), para que pueda tomarse en consideración todo acuerdo entre víctima e inculpado alcanzado gracias a la mediación."
Esta tendencia europea surge como respuesta al comprobar que las soluciones aportadas por el Derecho Penal son insuficientes, lejanas, poco ágiles y distantes de la realidad social y personal de los interesados, dentro de la denominada "Justicia restaurativa", que promueve dar mayor protagonismo a la comunidad y a sus representantes en la pacificación de los conflictos.
El sistema de mediación penal presta especial atención a fomentar el entendimiento entre las partes para alcanzar un acuerdo que facilite la reparación del daño causado, por un lado, y la reinserción de la persona infractora, por otro, sujeto que debe reconocer su responsabilidad e iniciar un proceso de reeducación.
Ofrecer esta posibilidad a las partes
Los programas de mediación planteados dejan a salvo el derecho constitucional a la tutela efectiva, ya que no son una alternativa al proceso. Pretenden que la víctima logre el resarcimiento del daño ocasionado, recuperando su sentimiento de seguridad y solucionando problemas asociados a la victimización, frente a la carga emocional y sentimientos de frustración de los conflictos tramitados en los Tribunales.
Serán los jueces quienes seleccionen los asuntos penales susceptibles de entrar en programas de mediación, ofreciendo esta posibilidad a la víctima y al presunto autor del delito, con el consentimiento de las partes. El proceso suele durar entre tres y cuatro sesiones, según la complejidad del asunto y la necesidad de contar con mayor número de personas para su resolución.
Las sesiones, con una duración de unos cincuenta minutos, son individuales, aunque existe la posibilidad de hacerlas conjuntamente con la otra parte, en presencia de los mediadores profesionales, con el acuerdo de las partes.
