Descripción


El Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León ha aprobado este jueves la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que afecta a dos zonas de Valladolid: por un lado la del antiguo Colegio el Salvador y Antiguo Hospital Pío del Río Hortega, y por otro el de los terrenos expropiados por el Ayuntamiento hace dos años en el antiguo entorno de Zambrana.


"Se modifica la ordenación de ambos ámbitos en una única operación", explicó el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, lo que da luz verde "llevar el Campus de la Justicia al entorno de El Salvador y trasladar edificabilidad a una nueva área residencial en la zona del Zambrana".


Saravia indicó que la modificación es un paso "decisivo" y que a partir de ahora será necesario desarrollar una ordenación detallada y un plan especial, pero que ya solo será "de competencia estrictamente municipal".


En ese sentido comentó que "el proyecto de ubicar la Ciudad de la Justicia a la ciudad queda completamente despejada y permite sacar adelante un proyecto que entendemos como muy beneficioso para Valladolid, que busca revertir el vaciamiento de instituciones del centro urbano creado por parte de la administración central y autonómica".


Además, ha añadido, permitirá "integrar en un único espacio, en torno a la plaza de San Pablo, todas las instalaciones judiciales, evitando la separación entre los juzgados de la Audiencia, en Angustias, y los demás, como se había previsto en el proyecto del anterior equipo de Gobierno, que preveía su ubicación en el barrio Girón. El nuevo campus se forma, a su vez, por dos grandes piezas. Una constituida por el antiguo colegio, ampliado hacia el interior de la parcela, y otra, más allá de la arboleda que se conserva, hacia Rondilla.


El proyecto de la ciudad de la Justicia ha quedado, por tanto, finalmente desbloqueado gracias al impulso del Ayuntamiento, que ha liderado este proyecto en solitario: Saravia celebró que por fin "la Junta haya dado el visto bueno a la modificación del PGOU, pese a haber mostrado numerosas resistencias a lo largo del proceso" y lamentó "no haber obtenido ningún apoyo del Ministerio de Justicia, a pesar de que no se trata de un proyecto perjudicial para sus intereses, sino que, al contrario, refuerza el acceso de la ciudadanía a sus servicios".