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El Consejo de Urbanismo de Castilla y León ha denegado hoy, 3 de mayo de 2017, una vez más, la aprobación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que permitiría ubicar el Campus de la Justicia en la zona del antiguo colegio del Salvador, provocando así, una vez más, retrasos en un expediente que se tenía que haber aprobado mucho antes.

Se han planteado ahora algunas objeciones que, aun admitiendo que tuviesen razón (algo que desde el Ayuntamiento se rechaza) podrían haberse propuesto como condiciones de la aprobación que debieran subsanarse con posterioridad, como tantas veces se ha hecho, de manera que así no se retrasase más tiempo un expediente que, de no ser por las continuas demoras y dilaciones provocadas por distintos organismos de la Junta, debería estar ya aprobado. El rechazo se fundamenta ahora en la actuación del Sacyl, Patrimonio Cultural y la propia Dirección General de Urbanismo.

El caso del Sacyl es muy llamativo, ya que, para que se vea el rigor con que se han planteado los requerimientos, ni siquiera han sabido contar las plazas de aparcamiento previstas; argumentando que no se cumplía la exigencia de las 160 plazas, cuando cualquiera puede comprobar su cumplimiento (incluso en Urbanismo de la Junta se ha considerado correcto el número de plazas previsto).

Después de varias reuniones entre el concejal de Urbanismo y los técnicos municipales con la directora General de Infraestructuras y los técnicos del Sacyl, se remitió desde Urbanismo una propuesta de modificación que se entendía se ajustaba a esos planteamientos.

El documento se envió hace casi dos meses. Y no solo no se acusó recibo del documento, sino que no hubo contestación alguna, mientras que a finales de abril se presentó desde el Sacyl a la Junta un texto en el que se señalaban algunas discrepancias (entre ellas la de las plazas de aparcamiento), que nunca conoció el Ayuntamiento antes del Consejo.

En la Comisión de Patrimonio Cultural se ha reclamado que el aparcamiento previsto podría estar afectado por la protección arqueológica del yacimiento "Cercas", y que, por lo tanto, debería hacerse un informe para estudiarlo.

Sin embargo, en lugar de llevar el informe preparado al Consejo, o dejar la comprobación como condicionante, este hecho se ha incluido como causa de no aprobación del Campus, a pesar de que la comprobación podría ser inmediata, así como, en opinión del concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, el informe innecesario.

El Consejo plantea también, a requerimientos del representante de Ecologistas en Acción, la posibilidad de que en el transcurso del expediente se hubiese producido alguna "modificación sustancial", lo que requeriría nuevas aprobaciones en el Pleno Municipal y nuevas exposiciones públicas.

En el acuerdo se pide que el Ayuntamiento "valore si el documento presentado incurre en modificación sustancial", lo cual obviamente ya ha hecho antes de presentarlo. Pero se le requiere ahora una vez más, con lo que el trámite se alarga innecesariamente.

Por último, Urbanismo discrepa ahora (con elementos que no hizo valer en su anterior informe) de la definición del "área de regeneración urbana" propuesta, con lo que se plantearían inconvenientes importantes para llevar adelante la propuesta, que son, a criterio del Ayuntamiento, argumentos fácilmente rebatibles.

Un conjunto, por tanto, de obstáculos, señala Saravia, "que ponen de manifiesto un clarísimo interés de la Junta de Castilla y León por dificultar y obstaculizar el desarrollo de un proyecto bueno para la ciudad, pero que al haber sido planteado por el nuevo Ayuntamiento, está encontrando una hostilidad en las administraciones gobernadas por el Partido Popular que contradicen e ignoran los principios más elementales del buen gobierno, el respeto institucional y el interés público".