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Logo Ayuntamiento de ValladolidLogo Ayuntamiento de Valladolid La concejala de Bienestar Social, Empleo y Familia, Rosa Isabel Hernández del Campo, ha presentado hoy en la Comisión de Bienestar Social las nuevas aportaciones que habrán de pagar las personas beneficiarias del servicio de ayuda a domicilio. Estas modificaciones se llevarán para su aprobación a la próxima Comisión de Gobierno, Hacienda y Función Pública, y entrarán en vigor el próximo mes de julio.

Las modificaciones se concretan en tres aspectos: en primer lugar, en un cambio de la fórmula para el cálculo de la aportación, que afectará a todos los beneficiarios; en segundo lugar, en una modificación en la ponderación de los miembros de la unidad familiar a efectos del cálculo de la renta, cuya repercusión se notará en los matrimonios; y, por último, frente al límite del 90% del coste el servicio se establecerá un copago máximo del 65% del coste el servicio, que repercutirá en los beneficiarios con menor número de horas de prestación.

En diciembre de 2009, incluso antes de la entrada en vigor de los nuevos precios públicos, se creó un grupo de análisis promovido, entre otros, por el Ayuntamiento de Valladolid, en el que participaron distintas Corporaciones Locales, para estudiar la repercusión de la aplicación del precio público aprobado en Castilla y León.

El resultado del estudio fue que la necesaria homologación de la aportación en toda Castilla y León, aún teniendo ventajas generales, no ha beneficiado lo suficiente a determinadas personas con rentas medias, ni a matrimonios, generando situaciones de vulnerabilidad social para estas personas, máxime en la coyuntura económica actual, con incremento de impuestos, congelación de las pensiones, reducción de salarios e incremento del paro.

Financiación para garantizar el sistema

El pasado 4 de junio, se acordó, por unanimidad entre la Gerencia de Servicios Sociales y todas la Corporaciones Locales con competencia en Servicios Sociales, solventar estas situaciones. Aún así, no se podrá llegar al nivel de precio que se pagaba en 2009, debido a que, con la aplicación de la Ley de Dependencia, se requiere una financiación para garantizar la sostenibilidad del propio sistema, lo que supone un copago por parte de las Administraciones Públicas y de la personas beneficiarias de los servicios, tal y como señala la memoria económica de la propia Ley.

Según los cálculos, la aportación media de los usuarios del servicio de ayuda a domicilio pasará del 18,86% del coste del servicio al 11,67% del mismo. La totalidad de las personas beneficiarias del servicio de ayuda a domicilio van a ver disminuida su aportación de forma sustancial.

Informar a quienes se dieron de baja

El Ayuntamiento de Valladolid, además, informará de la nueva situación a las personas que, habiendo sido beneficiarias del servicio en 2009, no renovaron el mismo en 2010 por los cambios introducidos.

Finalmente, cabe destacar que esta decisión es fruto de la voluntad de la Junta de Castilla y León y de los Gobiernos Municipales (entre ellos el de Valladolid), de paliar la situación creada por la aplicación pura y dura de la Ley de Dependencia y no de la exigencia de los grupos de oposición, que desde su minoría en las Corporaciones no podrían forzar modificar las decisiones de los Gobiernos Municipales.