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Descripción

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado hoy, en Junta de Gobierno, el incremento del Servicio de Ayuda a Domicilio en 340.000 euros para atender la creciente demanda que se ha producido en el último año una vez que entrara en vigor el acceso a estas prestaciones de las personas con grado 1 de dependencia. El aumento se llevará a cabo gracias a través de un expediente de modificación del contrato del servicio de ayuda a domicilio.

En esta línea, la concejala de Acción Social, Rafaela Romero, recordó que "a lo largo de este año el Ayuntamiento ha atendido a 3.046 personas mayores en el servicio de ayuda a domicilio, pero la previsión es que más personas mayores dependientes soliciten el servicio durante este año".

De los 5.820.000 euros que el Ayuntamiento de Valladolid va a destinar al servicio de ayuda a domicilio en 2016, 4.747.079 euros proceden de la financiación que por acuerdo marco de servicios sociales, aporta la Junta de Castilla y León.

La Ley de Servicios Sociales señala que la administración autonómica tiene que financiar el 90 por ciento del coste total del servicio, si bien, con este incremento su porcentaje de financiación ha descendido al 82 por ciento y el del ayuntamiento ha subido hasta el 18 por ciento, cuando legalmente tendría que financiar un 10 por ciento del servicio.

Además, Romero recalcó que "el Ayuntamiento seguirá insistiendo a la Junta de Castilla y León para que incremente su financiación, con objeto de que puedan ser atendidas la totalidad de las personas mayores que solicitan en Servicio de Ayuda a Domicilio".

En la actualidad, hay 150 personas en lista de espera que, a pesar del incremento de presupuesto, no van a poder acceder al servicio público del Ayuntamiento de Valladolid, por falta de crédito suficiente y serán derivados a la prestación vinculada para que accedan a un servicio privado que les abonará la Junta de Castilla y León.

Petición a través de Pleno

Los grupos políticos municipales por unanimidad aprobaron en el Pleno del 7 junio una moción con el fin de instar a la Junta de Castilla y León a que financie adecuadamente los servicios sociales municipales a través del acuerdo marco, evitando que las personas dependientes que solicitan un servicio público se les derive al sector privado a través de una prestación vinculada.