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La concejala de Servicios Sociales, Rafaela Romero, acompañada de Javier García Medina, director del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid, ha presentado esta mañana en el Ayuntamiento el informe de la situación de la ciudad con respecto a los Derechos Humanos.
Este informe nace con el objetivo de poner de relieve aquellos aspectos que suponen una quiebra de esos derechos en colectivos vulnerables.
Rafaela Romero ha manifestado que este informe tiene una carga de intensidad para empezar a trabajar desde el punto de vista político y técnico e "ir puliendo muchos aspectos que necesitan mejorar".
Una de las primeras conclusiones del documento realizado por el Observatorio de la Uva, por encargo del consistorio, es la necesidad de que tanto los colectivos y la población en general tengan conocimiento del contenido específico de los Derechos Humanos, ya que esa formación permitiría que los colectivos pudieran "defender y proteger" sus derechos, según ha afirmado Javier García.
Conclusiones del Informe
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Si se consideran los derechos de educación y salud, la idea fuerza con la que se deben orientar tales derechos ha de ser la "inclusión". Entendida en toda su amplitud de forma que implique una transformación de los diferentes entornos de los diversos colectivos, aplicando los apoyos y ajustes razonables que sean precisos como garantía del disfrute pleno de estos derechos.
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En ese mismo sentido se aprecia que si cada vez los profesionales son más sensibles a los obstáculos, sin embargo se aprecia una falta de formación específica para entender adecuadamente a las personas que participan de esos colectivos.
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Se ha de trabajar en la línea de que las personas pertenecientes a tales colectivos asuman el valor y dimensión de la educación y de la salud como derechos esenciales para poder realizar sus plenos planes de vida. Es importante convertirles en los primeros agentes del cambio de su realidad presente y futura.
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Las barreras socioeconómicas inciden de forma especial en el acceso a la vivienda y en la adaptación de la misma cuando sea necesario.
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La falta de condiciones de salubridad incide de forma directa en los derechos de educación y de salud. Aumentando el abandono escolar y el padecimiento de enfermedades, como consecuencia de unas condiciones habitacionales que pueden adolecer de los recursos básicos (calefacción, reducidas dimensiones…).
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El acceso a la vivienda está estrechamente relacionada con las condiciones de acceso al trabajo. Las personas de estos colectivos bien por razones de idioma, formación, no valoración de sus capacidades, bien por prejuicios, se pueden ver excluidos del mercado de trabajo, con la imposibilidad de demostrar las posibles competencias que poseen.
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Por tanto, la discriminación aparece en ocasiones de forma directa y en otros casos de muestra imperceptible como consecuencia de tener asumido un papel determinado dentro de la vida social. La dinámica social provoca la invisibilidad de muchas de las personas de estos colectivos.
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En este terreno la violencia de género surge con mayor incidencia debido a que las mujeres pueden estar en situación de aislamiento social y dependencia económica.
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En tales condiciones participar de la vida pública supone más un deseo que una realidad. Es necesaria la formación para la participación en la población en general y por tanto más cuando se producen circunstancias desfavorables, que precisamente serían las que legitimarían aún más la defensa de los derechos. Incluso cuando la propia Administración pone a disposición cauces de participación ciudadana.
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Se produce un retraimiento de estos colectivos en su presencia social porque el discurso en redes sociales y en medios de comunicación suele ser de rechazo y en términos negativos. Siendo precisamente estos medios los que más podrían hacer por la inclusión.
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El desconocimiento de los propios derechos hace muy difícil que se puedan reclamar ante la justicia, pero en caso de que esto suceda las barreras materiales y personales dificultan su exigibilidad.