Fecha de la noticia
8 de julio de 2015
Descripción
- El alcalde desvela que la permuta en Girón no se materializó por la resistencia del Ministerio de Justicia a pagar el IVA
El Ayuntamiento de Valladolid buscará un acuerdo con los propietarios de la parcela de El Salvador, de más de 5.000 metros cuadrados y un alto índice de edificabilidad que permitiría la construcción de toda la primera fase prevista en el barrio Girón, para el mantenimiento de las sedes de la Justicia en el centro, opción que cuenta con el respaldo de gran apoyo ciudadano, puesto que así se evitaría su vaciamiento.
De hecho, según informaron el alcalde, Oscar Puente, y el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, durante su comparecencia, su situación es idónea para reunir en el mismo espacio Audiencia Provincial, Juzgados de la calle Angustias y las demás dependencias judiciales, e incluso existe también la posibilidad de estudiar, de forma añadida a la de El Salvador, la utilización, en su día, si fuera necesario, de la parcela contigua, en la que aún se levanta el viejo hospital Río Hortega.
El actual equipo de Gobierno salió así al paso de algunas publicaciones recientes en las que se hablaba de "paralización" del proyecto del Campus, que, sin embargo, indicó el alcalde, "está paralizado desde el principio", algo en lo que abunda el hecho, desveló, de que el Ministerio de Justicia se ha resistido hasta ahora al pago de 2,5 millones de IVA al que estaba obligado y que hubiera cerrado la operación de permuta para ubicar el Campus en Girón, aún no formalizada.
Puente, recordó, asimismo, las "pírricas" cantidades dedicadas por el Ministerio al Campus de Valladolid en los Presupuestos Generales del Estado de los últimos años, que nunca superaron los 500.000 euros, cuando se está hablando de un proyecto de nueva construcción cuyo coste alcanzaba los 45 millones.
El Ayuntamiento entiende que lo que interesa, más que el edificio del Colegio El Salvador, es la parcela, pero no al precio que los propietarios reclamaron hace años, cuando se estudiaba esa posibilidad, sino a su precio real actual, que se calcula mucho menor.
El alcalde y el concejal de Urbanismo insistieron en que la disposición de los propietarios, a quienes ya se han dirigido, para desprenderse de la parcela, sobre la que pesa un embargo de 400.000 de la Agencia Tributaria, es buena, aunque señalaron que existen instrumentos urbanísticos que permiten, en todo caso, hacerse con ella en función del interés público.
Por último, Oscar Puente afirmó que un repaso a todo lo sucedido desde que se empezó a hablar de este proyecto, en 2001, permite afirmar que el Ministerio nunca ha tenido intención de construir una gran Ciudad de la Justicia de nueva planta, y señaló que, de hecho, no existen infraestructuras como tal en ninguna de las Comunidades Autónomas que, como la nuestra, no tienen transferidas las competencias de Justicia.